El director de la Dirección Regional de Agricultura, Yarushel Valenzuela Segura, ayer convocó a una rueda de prensa para abordar las recientes publicaciones en redes sociales y medios locales que han suscitado dudas sobre la contratación de un abogado para su defensa legal.
Enfatizó que la contratación de un abogado es un derecho para los funcionarios públicos en Perú y una herramienta esencial para garantizar un proceso justo, tanto para la administración pública como para los servidores. "Este derecho está regulado por la Ley del Servicio Civil n.° 30057 y Ley de Contrataciones del Estado n.° 30225", subrayó, asegurando que esta normativa permite a los funcionarios contar con representación legal adecuada en caso de ser investigados o acusados de delitos en el ejercicio de sus funciones.
Durante la rueda de prensa, el director explicó que las denuncias en su contra están relacionadas con su desempeño como funcionario público, donde su responsabilidad es garantizar que las decisiones y acciones de su entidad se alineen con las normativas vigentes y los principios de transparencia y legalidad.
Asimismo, recordó que tiene derecho a beneficiarse de la defensa estatal frente a denuncias difamatorias, siempre que los procesos no se formalicen y sean archivados de manera definitiva. En caso de que se formalicen y se determine responsabilidad, el director deberá reembolsar los honorarios de la asesoría legal recibida, de acuerdo con la Directiva n.° 4-2015 del Servir.
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