En la Universidad Nacional de Ucayali (UNU) se vienen acumulando denuncias por presuntos actos de corrupción que, hasta la fecha, no avanzan por el escaso interés de las autoridades policiales y fiscales. Estas acusaciones, muchas de ellas realizadas bajo códigos de reserva de identidad, apuntan a presuntas irregularidades que se estarían cometiendo durante la gestión del rector Edgardo Leoncio Braúl Gomero.
Según los testimonios, los actos cuestionados se concentrarían en los procesos de contratación de bienes y servicios, especialmente aquellos por montos menores o iguales a 8 UIT, donde existiría direccionamiento a favor de ciertos empresarios. Entre ellos, destacan millonarios contratos adjudicados a las empresas de Andrés Marchand Ramos y Joan Carlo Bravo Mondoñedo, este último con antecedentes por corrupción en obras públicas.
Marchand Ramos, gerente de la empresa MARCHAND RAMOS CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L., habría suscrito contratos por casi 10 millones de soles, incluyendo obras de infraestructura y servicios menores. Por su parte, Bravo Mondoñedo firmó un contrato de más de 600 mil soles para elaborar un expediente técnico que luego fue aprobado con un presupuesto de más de 22 millones de soles, monto que se incrementó sin mayor justificación a casi 24 millones, mediante resoluciones firmadas por el rector y su secretario general.
Actualmente, estos hechos vienen siendo objeto de investigación por parte de las autoridades competentes. La documentación que sustenta estos contratos ha sido remitida para su análisis, ante la posibilidad de que exista una red estructurada de corrupción dentro de la UNU. La ciudadanía universitaria permanece a la expectativa, ante el riesgo de que los recursos públicos destinados a la educación superior estén siendo mal utilizados.
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