La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, presentó ante la Corte Suprema un requerimiento para declarar ilegal al partido Fuerza Popular, argumentando que ha incurrido en conductas antidemocráticas. El pedido incluye además la cancelación de su inscripción en el Registro de Organizaciones Políticas.
De acuerdo con la Fiscalía, la organización política habría vulnerado derechos y libertades fundamentales, hostigando a magistrados, funcionarios, opositores y periodistas. También se menciona la persecución de personas por su cargo público, posición política o profesión, así como la exclusión de militantes por disidencia interna y la promoción de la violencia como mecanismo para alcanzar objetivos políticos.
Este pedido surge tras una denuncia presentada por una ciudadana en marzo de 2025 y fue sustentado con pruebas recopiladas por el Ministerio Público. El caso quedó en manos de la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema, mientras la bancada de Fuerza Popular mantiene reuniones extraordinarias para definir su posición frente a esta medida.
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