La Fiscalía de la Nación sostiene que la presidenta Dina Boluarte presenta un incremento patrimonial no justificado superior a los S/50.000. Según reveló OjoPúblico, dos analistas de la Contraloría General de la República declararon ante el Ministerio Público que no pudieron elaborar un informe completo sobre la situación financiera de la mandataria debido a su negativa a autorizar el levantamiento de su secreto bancario.
Martha Antezana y Sandra Calderón, funcionarias de la Contraloría, señalaron que la fiscalización se basó únicamente en la información accesible por vías ordinarias, ya que Boluarte no firmó la carta que hubiera permitido acceder a sus movimientos bancarios. “Nunca nos autorizó”, dijo Calderón. Esta omisión obligó a las analistas a trabajar únicamente con los datos que la propia presidenta entregó en sus declaraciones juradas y en algunas aclaraciones posteriores.
La falta de acceso a información bancaria independiente impidió a la Contraloría verificar la veracidad o integridad de los datos presentados por Boluarte. “Es como una presunción de veracidad, debemos creer lo que nos remite el fiscalizado”, advirtió Calderón. El caso ahora está en manos de la Fiscalía, que evalúa si la jefa de Estado incurrió en enriquecimiento ilícito.
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