La mañana de este martes, la Fiscalía Anticorrupción y efectivos de la Policía ingresaron a la sede del Gobierno Regional de Huánuco para incautar documentos relacionados a la cuestionada obra del centro de salud de Baños, adjudicada por más de 38 millones de soles al consorcio Salud Lauricocha. La empresa Pérgola SAC, pieza clave de este consorcio, salió a la luz tras revelarse que su accionista mayoritaria no era más que una humilde vendedora de desayunos en Villa El Salvador.
Lo más indignante es que el gobernador regional, Antonio Pulgar, pretende lavarse las manos, asegurando que no es competencia del Gobierno Regional verificar quiénes integran las empresas que se llevan millonarios contratos. Bajo esa lógica, ¿cualquier improvisado con un socio fantasma puede quedarse con la salud de los huanuqueños? Mientras tanto, los ciudadanos esperan un hospital y lo único que reciben son excusas, blindajes y sospechas de arreglos bajo la mesa.
Este escándalo no es un hecho aislado: revela el verdadero rostro de una gestión que permite que el comité de selección —integrado por funcionarios de confianza de Pulgar— entregue obras estratégicas a empresas sin experiencia, con socios reciclados de la informalidad. Lo que está en juego no es solo una obra, sino la credibilidad de un gobierno regional que, lejos de inspirar confianza, cada vez se hunde más en la sombra de la corrupción y el desgobierno.
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