El Tribunal Constitucional (TC) declaró nula la resolución del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Ate que impedía que el expresidente Alejandro Toledo sea trasladado a la Clínica San Pablo para recibir atención médica. El fallo responde a una apelación presentada por la defensa del exmandatario, quien alegó que se vulneraron sus derechos fundamentales a la salud y a la integridad personal. Toledo permanece privado de libertad por casos de corrupción y padece diversas enfermedades graves.
El TC recordó que en abril de 2024 ya había ordenado al INPE pronunciarse formalmente sobre la solicitud de atención médica privada, a cargo del propio Toledo. Sin embargo, en marzo de 2025, el juzgado de Ate rechazó el pedido basándose en un informe médico penitenciario que lo declaraba “clínicamente estable” y bajo atención en hospitales de Essalud. La defensa del exmandatario impugnó dicha decisión mediante un recurso por salto, acudiendo directamente al TC por considerar que no se respetó el fallo anterior.
El máximo intérprete de la Constitución resolvió el 31 de julio que se emita de inmediato una nueva resolución judicial que autorice el traslado de Toledo a la Clínica San Pablo, bajo condiciones ambulatorias y costeado por él mismo. La decisión reabre el debate sobre el acceso a servicios médicos privados para internos con enfermedades graves y la eficacia del sistema de justicia para proteger sus derechos fundamentales.
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