El pasado 14 de agosto, el gobernador regional Antonio Pulgar presentó la inauguración de la tercera etapa de la Alameda Perú como un espacio turístico moderno, seguro e inclusivo. Sin embargo, un Informe de Hito de Control N° 013-2025-OCI/0402-SCC, publicado recientemente en el portal de la Contraloría General de la República revela serias deficiencias técnicas y administrativas que contrastan con el discurso oficial. Entre las observaciones más graves figura el deterioro prematuro de las pérgolas y bancas de descanso, debido a que no fueron barnizadas de acuerdo a las especificaciones técnicas. Esto ha generado deformaciones, grietas y presencia de hongos que reducen la vida útil de la infraestructura recién inaugurada.
Asimismo, el informe advierte que se eliminaron partidas esenciales como la construcción de rampas vehiculares y cruces peatonales en los jirones Callao, Cayumba y José Prato, lo que limita la accesibilidad para personas con discapacidad, adultos mayores y niños. Pese a ello, se mantuvo la instalación de bolardos tipo I, cuya finalidad perdió sentido al modificarse el diseño original, ocasionando un gasto innecesario y afectando el principio de eficiencia en el uso de los recursos públicos.
El documento también señala que la supervisión y la administración regional no advirtieron estas irregularidades durante la ejecución, incumpliendo normas de edificación y la Ley de Contrataciones del Estado. A esto se suma la presencia de cables eléctricos expuestos y luminarias mal instaladas, observaciones recogidas por el comité de recepción y que representan un riesgo para la seguridad de los usuarios. Pese a ello, se aprobó la recepción parcial de la obra, exponiendo a la población a peligros evitables y comprometiendo la durabilidad de las estructuras.
Estos hallazgos ponen en cuestión la supervisión de la obra y el manejo del presupuesto de más de 14 millones de soles asignados. Mientras desde el Gobierno Regional se presenta la Alameda como símbolo de modernidad, la Contraloría documenta fallas que comprometen su funcionalidad, inclusión y seguridad. Este contraste entre la versión oficial y la evidencia técnica refleja una preocupante brecha entre la propaganda política y la realidad de la ejecución de proyectos en Tingo María.
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