Durante la década de 1990, en el contexto de una intensa lucha contra el terrorismo, el Estado peruano implementó la figura de los “jueces sin rostro”, una medida extraordinaria diseñada para salvaguardar la integridad de magistrados y fiscales que juzgaban a miembros de organizaciones como Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).
Este sistema consistía en mantener en el anonimato la identidad de quienes participaban en procesos judiciales contra líderes terroristas, con el fin de protegerlos de posibles represalias. Los juicios se realizaban con jueces encapuchados o detrás de vidrios polarizados, y muchas veces en locaciones especiales bajo estrictas medidas de seguridad.
Aunque la medida fue considerada efectiva en su momento para debilitar a los grupos subversivos y avanzar en su desarticulación, también generó controversia. Diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos y sectores de la sociedad civil manifestaron su preocupación por la falta de transparencia del sistema y el riesgo de vulneración de garantías fundamentales, como el derecho a un juicio justo.
Frente a estas críticas y al cambio de contexto político y social, la figura de los jueces sin rostro fue retirada años después, dando paso a un sistema judicial más abierto y respetuoso de los estándares internacionales en materia de derechos humanos.
Hoy, a más de dos décadas de su implementación, el debate sobre los jueces sin rostro sigue siendo un tema sensible, que plantea importantes reflexiones sobre el equilibrio entre la seguridad nacional y la protección de los derechos fundamentales.
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