El Alto Comisionado para el combate contra la minería ilegal, Gral. FAP (r) Rodolfo García Esquerre, reveló que, de los más de 84,000 mineros inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), apenas un 2.4 % ha logrado formalizarse. Por ello, el Gobierno ha decidido concentrar sus esfuerzos en los 31,000 que aún están en proceso, priorizando a quienes fueron suspendidos por menos de un año y aún pueden regularizarse.
García Esquerre remarcó que la clave no es solo seguir con las interdicciones —como la destrucción de dragas en la Amazonía o el cierre de bocaminas en la sierra— sino avanzar hacia la formalización con una nueva Ley MAPE. En esa línea, destacó el modelo aplicado en Pataz (La Libertad), donde se han instalado puestos de control y mesas de desarrollo para fortalecer una minería legal, sostenible y con presencia estatal efectiva.
La estrategia del Ejecutivo, aprobada mediante decreto supremo, también contempla operativos de control: en lo que va del año se han realizado 505 acciones de interdicción, incautando más de 1,300 millones de soles en bienes, además de detener a más de 400 personas por delitos vinculados a la minería ilegal. “Tenemos que controlar el origen del mineral y el ingreso de explosivos y maquinaria”, puntualizó García Esquerre.
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