El año 2026 se perfila como uno de los más sangrientos y peligrosos en la historia reciente del Perú debido al imparable avance del sicariato. Con al menos 10 asesinatos diarios en todo el país y más de mil homicidios solo en Lima Metropolitana, la violencia homicida ha alcanzado niveles críticos. Las cifras estremecen, pero más aún los crímenes cometidos con una brutalidad escalofriante y una impunidad que deja a barrios enteros sumidos en el miedo. En distritos populosos como San Juan de Lurigancho, Comas, el Callao o Villa El Salvador, la muerte llega disfrazada, sobre dos ruedas, sin rostro ni remordimiento.
La noche del lunes pasado, San Juan de Lurigancho fue escenario de una ejecución que retrata el horror cotidiano. Germán Zamora Guerrero, ciudadano venezolano de 27 años, fue asesinado dentro de un billar en la zona de Campoy. El verdugo, disfrazado como repartidor de delivery, llegó en motocicleta, subió al segundo piso del local, ubicó a su objetivo y disparó 12 veces. Tres balas alcanzaron al joven, quien murió en el acto. Según testigos, el sicario grabó el crimen con su celular como prueba del “trabajo cumplido” antes de huir. En la zona, nadie quiso declarar. El silencio impuesto por el miedo refleja el control que las organizaciones criminales ejercen sobre territorios enteros, donde los ajustes de cuentas son moneda corriente.
Pero el horror no distingue edad ni inocencia. En el Callao, otro crimen estremecedor arrebató la vida de una niña de apenas tres años. La menor viajaba en una camioneta junto a su madre y el conductor, cuando pistoleros en motocicleta abrieron fuego directamente contra el copiloto. En el tiroteo murieron el chofer y la pequeña; su madre, una joven de 20 años, resultó gravemente herida. “Aproximadamente en escena hemos encontrado 11 casquillos. Teniendo en consideración eso, habrían sido 11 los impactos. Las víctimas tienen múltiples traumatismos”, declaró el coronel PNP Luis Musayón, jefe de la Dirincri Callao. Todo apunta a un ajuste de cuentas relacionado con la disputa territorial por la venta de drogas en el primer puerto.
Las autoridades han reconocido que el crimen organizado ha diversificado su accionar y ampliado su capacidad operativa, utilizando sicarios jóvenes, incluso menores de edad, y vehículos menores para burlar controles. Las bandas actúan con conocimiento del terreno, acceso a armas de fuego y conexiones que les garantizan impunidad. Mientras tanto, la población vive atemorizada, sin confianza en una respuesta efectiva del Estado. La urgencia de una política integral de seguridad, que incluya inteligencia operativa, control de armas, presencia sostenida en zonas vulnerables y un sistema de justicia funcional, es más evidente que nunca. De lo contrario, 2026 podría quedar marcado como el año en que el Perú fue sometido por el crimen.
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