El gobernador regional de La Libertad, César Acuña, pidió al Gobierno declarar estado de sitio en Trujillo y disponer la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles, tras el atentado con explosivos que sacudió la urbanización Las Quintanas la noche del 4 de septiembre. El hecho, que dañó unas 30 viviendas y dejó dos inhabitables, fue calificado por la autoridad como un acto de “terrorismo urbano”. No obstante, el líder de APP no se pronunció públicamente sobre lo ocurrido, limitándose a difundir un comunicado oficial a través del Gobierno Regional.
El documento responsabiliza al crimen organizado por el incremento de la violencia en La Libertad y exige al Ejecutivo de Dina Boluarte adoptar medidas más drásticas, incluyendo toque de queda en la capital liberteña. Asimismo, insta a jueces y fiscales a aplicar las penas más severas contra los responsables de atentados y delitos de sicariato, que bajo la nueva ley de criminalidad sistemática pueden alcanzar la cadena perpetua. También reclama la ejecución inmediata de un plan integral de seguridad que involucre a la PNP, el Ejército y autoridades locales.
De acuerdo con la Policía Nacional, el ataque estaría vinculado a organizaciones criminales de Pataz que operan en la minería ilegal. La vivienda atacada pertenece a los hermanos Sánchez Iparraguirre, empresarios de esa provincia, y según las primeras pesquisas el atentado habría sido ejecutado por “Los Cachacos del Padrino”, brazo armado de la banda “Los Pulpos”. Este hecho constituye el tercer atentado con explosivos en Trujillo en lo que va del año, lo que refuerza la hipótesis del llamado “Efecto Pataz”, es decir, el traslado de las operaciones criminales hacia la capital regional.
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