Esta modificación legal busca ampliar la protección de los ciudadanos frente a prácticas crediticias abusivas y violentas, como la usura, que afectan principalmente a pequeños comerciantes y personas en situación vulnerable.
Según el nuevo artículo, la pena para quienes cometan este delito será no menor de quince ni mayor de veinticinco años, cuando se cumplan determinadas condiciones especificadas en la normativa.
Esta medida representa un avance significativo en la lucha contra las organizaciones criminales que operan bajo esta modalidad, brindando una herramienta legal más efectiva para combatir y sancionar estas prácticas delictivas.
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