El Censo Nacional 2025, el primero en realizarse de manera digital en el país, ha generado controversia tras conocerse que los censistas deberán asumir parte del costo de las tabletas Lenovo en caso de robo o pérdida. Aunque el jefe del INEI, Gaspar Morán, aseguró que la información de los ciudadanos está protegida y que los dispositivos cuentan con geolocalización, un nuevo Término de Referencia (TDR) difundido el 19 de agosto establece responsabilidades económicas para los encuestadores.
Según el documento, los censistas —contratados bajo la modalidad de locación de servicios— deben cubrir el pago del deducible del seguro si el equipo se pierde, además de presentar una denuncia policial dentro de las 24 horas posteriores al hecho. En caso de retraso, se aplicará una penalidad equivalente al 0.10% de la UIT por cada día, y la acumulación de multas podría alcanzar hasta el 10% del valor del contrato. Si no cumplen con estos pagos, el INEI puede resolver el contrato por incumplimiento.
La medida ha generado malestar entre los trabajadores, quienes señalan que estas condiciones no fueron incluidas en los contratos firmados en julio y recién se comunicaron en agosto. Expertos legales advierten que la modificación posterior vulneraría principios de transparencia en las contrataciones públicas. Mientras tanto, aunque el INEI implementó mecanismos de seguridad como el “botón de pánico”, en las primeras semanas ya se han registrado robos a censistas, lo que aumenta la preocupación en medio de un contexto de alta delincuencia en el país.
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