La normativa abarca delitos como terrorismo, homicidio calificado, secuestro, extorsión, sicariato, narcotráfico y violación sexual, entre otros. Los adolescentes que sean hallados culpables de estos delitos podrán enfrentar penas de internamiento que oscilan entre 6 y 8 años.
Esta decisión responde a la creciente preocupación por la participación de menores en actividades delictivas graves y busca disuadir su involucramiento en organizaciones criminales. Sin embargo, ha generado debate en la sociedad peruana, con opiniones divididas respecto a su efectividad y el impacto en los derechos de los adolescentes.
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